Nada ha cambiado desde que hace 21 años, 7 meses y 8 días, desde que la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de la Electrificadora del Atlántico (Electranta). Y mucho menos desde que la misma Superservicios adoptó idéntica medida con respecto a Electricaribe.

En efecto, tres años después de la toma de posesión de Electricaribe, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la solución se mantiene en un típico ‘corto circuito’.

De manera reiterada la Superservicios ha venido aplazando la solución que esperan todos los habitantes de la Región Caribe, que siguen padeciendo el pésimo servicio de Electricaribe con prolongados e injustificados apagones que generan graves perjuicios en los sectores residenciales, industriales y comerciales, sin que nadie responda por los daños causados.

Es de anotar que tras la grave situación de la empresa, la Superservicios, mediante Resolución SSPD-20161000062785 del 14 de noviembre de 2016, emitida luego de obtener el concepto favorable de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ordenó la toma de posesión de Electricaribe por encontrar configuradas las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

Tras esta primera medida, 58 días después, la Superservicios emitió la Resolución 20171000000205 del 11 de enero de 2017, para prorrogar, por dos meses, el plazo de toma de posesión, “con el fin de llevar a cabo los análisis necesarios para determinar la modalidad de intervención”.

Fue así como, en desarrollo de esta medida y de acuerdo con el análisis realizado por la Superservicios en Electricaribe, verificó que esta sociedad no estaba en condiciones de superar las causales de toma de posesión ni de cumplir con su objeto social conforme a las leyes que lo rigen. 

Por esta razón, la Superservicios, mediante Resolución No. SSPD-201710000005985 del 14 de marzo de 2017, ordenó la toma de posesión de Electricaribe con fines liquidatorios y dispuso una etapa de administración temporal dentro de la misma, durante la cual la empresa continuaba como negocio en marcha “con el propósito de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en el área atendida por esta misma”.

El contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional

En medio del proceso, el 9 de junio de 2017 Electricaribe y la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. suscribieron el Contrato No. 4117000225 “para apoyar en la definición, estructuración e implementación de la solución que resulte más adecuada para lograr la continuidad del servicio público que actualmente se presta, teniendo en cuenta la protección de los derechos de los usuarios y de los acreedores”. 

En ejecución del contrato mencionado se conformó por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. el equipo de Asesores Externos, quienes realizaron los análisis y estudios del caso para la presentación de un informe de recomendaciones, en donde se plantearon diversas alternativas para la solución empresarial. 

Así, a través de la Resolución No. SSPD- 20181000131345 del 16 de noviembre de 2018, fue nombrada Ángela Patricia Rojas Combariza como Agente Especial de la Superintendencia de Servicios Públicos para la toma de posesión de Electricaribe, quien se posesionó el mismo día, desplazando a Javier Lastra Fuscaldo quien venía fungiendo como tal.

El Reglamento para el nuevo operador

Pero nada cambió porque continuó la etapa de toma de posesión con fines liquidatorios “y la intención de implementar una solución que permita la continuidad del servicio público”, que aún se mantiene.

Doce días después, el 28 de noviembre de 2018, como parte del Proyecto de Ley 311/2019C y 227/2019S por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se incluyó un Capítulo cuyo objeto es lograr “la prestación continua, de calidad y eficiente del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe”. 

Dicho Capítulo incluyó, entre otras medidas, la asunción del pasivo pensional y prestacional de Electricaribe y del pasivo de Electricaribe a favor del Fondo Empresarial de la SSPD por parte de la Nación. En contraprestación por la asunción de estos pasivos, la Nación recibiría una o más cuentas por cobrar contra Electricaribe.

Con base en lo anterior, el Agente Especial expidió el Reglamento que tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la vinculación de uno o más inversionistas - operadores para el sistema de distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre, mediante la enajenación de las acciones de Nueva Caribe (los 7 departamentos) o las acciones de CaribeSol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) y/o las acciones de CaribeMar (Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar), según corresponda con la “Transacción Propuesta”. 

La Transacción Propuesta se llevaría a cabo mediante el proceso regulado en el Reglamento, en desarrollo del cual Electricaribe precalificará a los Interesados, recibirá ofertas vinculantes y adjudicará las acciones de Nueva Caribe o las acciones de CaribeSol y/o las acciones de CaribeMar.

Los aplazamientos

En principio, la Superservicios señaló que el 16 de septiembre sería la fecha límite para la presentación de las ofertas. Además, se habían programado dos subastas: la primera para el 24 de septiembre (Caribe Mar) y la segunda para el 4 de octubre (Caribe Sol).

Sin embargo, el 21 de agosto anunció un nuevo cronograma, estableciendo el 25 de noviembre como “el último plazo para la recepción de las propuestas por parte de las seis empresas calificadas”, y que los días 3, 6 y 12 de diciembre se realizarían las subastas.

Cuando se pensaba que el cronograma ahora sí, y por fin, se cumpliría tal cual, el 5 de noviembre la Superservicios anunció un nuevo aplazamiento, que contempla la presentación de sobres de oferta el 20 de febrero de 2020. La subasta por el mercado completo (Nueva Caribe) se realizará el 26 de febrero y por los mercados segmentados (Caribe Mar y Caribe Sol), el 28 de febrero. 

Estos aplazamientos han generado serios cuestionamientos a la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza de Natasha Avendaño García, teniendo en cuenta que a medida que se dilata la situación, igualmente el servicio de energía sigue empeorando.

21 años de espera, en medio de los apagones

De esta manera los usuarios de la Costa Caribe siguen esperando que el servicio de energía mejore, como así también lo anhelaban desde el 8 de abril de 1998, cuando la Superservicios, mediante Resolución No. 002261, impuso a la Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. la sanción de toma de posesión de sus bienes, haberes y negocio. Además, dispuso que esa toma de posesión tenía como objeto la liquidación de los bienes, negocios y haberes.

Cuatro meses más tarde, mediante Escritura No. 02633 de la Notaría 45 del Círculo de Notarías de Bogotá D.C., la Electrificadora del Atlántico transfirió sus activos a Electricaribe S.A. E.S.P., haciéndose efectiva la venta de la primera y la compra de la segunda empresa mencionada.

Esto significa que desde el 4 de agosto de 1998, la Electrificadora del Atlántico, dejó de cumplir con su objeto social, que era la comercialización, generación y distribución de energía eléctrica para la prestación de un servicio público.

Desde entonces, Electricaribe comenzó a pasar a manos de inversionistas venezolanos, estadounidenses y españoles, sin que con cualquiera de esos grupos económicos la problemática tuviese una real solución.

Por el contrario, un pésimo servicio que mantiene en zozobra a los usuarios de la Región Caribe, debido al ‘corto circuito’ en que han quedado las promesas oficiales, en cabeza del Ministerio de Minas Energía y de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Una solución que sigue en ‘blackout’.